Miles de adolescentes y jóvenes adultos envían en forma voluntaria y consensuada contenidos sexuales propios, como fotografías y videos, también conocidos como packs, por medio de dispositivos móviles sin considerar los riesgos, pues el material podría ser robado del equipo y terminar en manos de cibercriminales o extorsionadores.

En 2016, varios medios informaron sobre la aparición de diversos grupos en Facebook y WhatsApp que fueron creados para compartir packs, donde la dinámica principal era publicar enlaces desde los cuales se podían descargar carpetas con diversas fotos pornográficas caseras.

En la mayoría de los casos, las imágenes que se pueden encontrar en estos links corresponden a personas que confiaron en sus parejas y permitieron que las fotografiaran, o incluso que fueron tomadas y enviadas por ellas mismas.

Gracias a la demanda que existe en este ámbito, la venta de packs actualmente representa un verdadero negocio, pues las fotografías íntimas se pueden encontrar en páginas web dedicadas a la compra-venta.

De acuerdo con El Universal, en 29 de los 32 estados de nuestro país hay un vendedor dispuesto a enviar alguno de estos links que contienen imágenes e incluso videos, y con solo un clic cualquiera puede declararse mayor de edad y acceder a este contenido en el que, además, siempre se ofrece una recompensa extra.

Fotos o grabaciones de adolescentes, maestras, mujeres embarazadas, estudiantes o empleadas de tiendas de conveniencia son ofertadas desde un peso hasta los 2 mil, y los métodos de pago son iguales a los de cualquier otra compra, ya que basta tener una tarjeta de crédito o débito, o realizar un depósito en efectivo.

Luego de que el vendedor recibe la alerta de pago, envía por correo electrónico más de una docena de enlaces con alrededor de 20 imágenes cada una, y además añaden uno que prometen actualizar constantemente, por lo que en solo dos horas la transacción está completa.

En los sitios remitidos se encuentran varios títulos que ofrecen imágenes de menores de edad bajo el código CP, también referido como Caldo de pollo y que hace referencia a las siglas en inglés para pornografía infantil (Child Pornography), cuyos precios van desde un peso hasta los 100.

Por si fuera poco, varios de los packs que pueden encontrarse corresponden a pornovenganza, pues en la descripción de las fotos o videos se especifica que son exparejas de las mujeres que aparecen en las imágenes; incluso, ponen sus nombres completos, lugares de trabajo y sus perfiles en redes sociales.

Pese a que de 2012 a 2018 se abrieron 647 carpetas de investigación por el delito de pornografía infantil en México, en el mismo lapso solo se lograron once sentencias debido a que es un delito muy difícil y muy técnico de investigar.

Actualmente, la difusión de material íntimo de mujeres sin su autorización, aún si son mayores de edad, es considerado un delito en ocho estados de nuestro país, entre los que se encuentran Jalisco, Chihuahua, Yucatán y el Estado de México; sin embargo, existen grandes obstáculos para perseguir este tipo de agresiones virtuales debido a que se consideran menos graves.

Danya Centeno, miembro de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, asegura que el problema principal del voraz negocio de los packs es que representa una fuente de ingresos y las incontables víctimas de este delito lo desconocen.

Según declaró Centeno, varias organizaciones civiles están preocupadas por el incremento de la compra-venta de packs y el mensaje de impunidad que se manda al no castigar a los responsables de este crimen, pues si no hay consecuencias, mayores son los incentivos para que continúe creciendo.

 

Con información de El Universal, Publimetro y El Mundo

Foto: El Espectador y El Intransigente