Afectación al erario, desfase entre resultados esperados y obtenidos, discrecionalidad en la toma de decisiones, información financiera contable incorrecta o insuficiente y vulnerabilidad en las finanzas públicas, fue detectado por la ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que el esquema de gobernanza de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) constituyen un riesgo a las finanzas públicas.

Las auditorías practicadas a las empresas productivas del Estado, correspondientes a la Cuenta Pública 2016, revelan que hay saldos negativos en la adquisición de complejos industriales no vinculados directamente con los objetos sociales de las empresas, en condiciones desfavorables, con costos de reparación irrecuperables y bajo supuestas sinergias que no se han alcanzado.

Así lo dio a conocer el encargado de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, quien también alertó que, en el caso de Pemex existen adjudicaciones para mantenimiento de plantas industriales que, justificadas en supuestas emergencias, autorizan a precios fuera de mercado, como fue el caso de la Refinería de Tula, Hidalgo.

En lo que corresponde a la CFE en la adquisición de energía eléctrica a productores externos se determinó que, de 2014 a 2016, dicho ente registró pérdidas por más de 2 mil 646 millones de pesos. La causa de esta situación fue el incremento de los precios pactados con los productores externos.

La ASF identificó que en general, con las 1 mil 865 auditorías de la Cuenta Pública 2016, se detectaron cinco categorías de riesgo: afectación al erario, desfase entre resultados esperados y obtenidos, discrecionalidad en la toma de decisiones, información financiera contable incorrecta o insuficiente y vulnerabilidad en las finanzas públicas.

En materia de desarrollo social, la institución de fiscalización más importante del país encontró un posible daño al patrimonio de la Secretaría de Desarrollo Social por 64 millones 152 mil pesos por los pagos injustificados realizados a 16 mil 997 beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores 65 y Más que habían fallecido.

También un daño por 1 millón 738 mil 200 pesos, por los pagos injustificados realizados a 677 beneficiarios del Programa Empleo Temporal que también había fallecido.

 

chg